Tiene como objetivo el presente capítulo analizar las políticas impulsadas por la administración de Carlos Alvarado Quesada en materia de género y diversidad sexual, para discutir los avances, las contradicciones y los retrocesos que ha experimentado el Gobierno en esta materia.
A pesar de que durante la campaña electoral la candidatura de Alvarado había cosechado el apoyo del movimiento feminista y de diversidad sexual al posicionarse abiertamente en favor del avance de una agenda de derechos, el segundo punto del capítulo dos del acuerdo firmado por Piza y Alvarado, explícitamente incluyó el compromiso de no modificar ninguna ley relacionada con el aborto, ni ampliar, vía interpretación, protocolo o reforma, lo ya contenido en el artículo 121 del Código Penal, que permite la aplicación del aborto terapéutico en Costa Rica desde 1971. En cuanto al matrimonio igualitario, si bien Piza reafirmó su oposición, indicó que respetaría la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en esta materia. A nivel económico, ambos se comprometieron a impulsar una serie de medidas y proyectos de reforma fiscal centrados en la austeridad, la contracción del gasto público y el aumento de los impuestos indirectos.
Por un amplio margen, el primero de abril de 2018, Carlos Alvarado derrotó al conservador Fabricio Alvarado Muñoz. Parecía que triunfaba el grupo político más afín al feminismo. No obstante, el 25 de abril, la administración saliente de Luis Guillermo Solís Rivera anunció, repentinamente, que no continuaría con la tramitación de la norma técnica necesaria para implementar de manera efectiva el aborto terapéutico en los centros de salud del país, lo que encendió las alarmas dentro del movimiento feminista.
Sobre las políticas dirigidas a la población sexualmente diversa, el Gobierno de Alvarado, que asumió funciones el 8 de mayo de 2018, se comprometió a acatar e implementar, en todos sus alcances, la resolución que la Corte IDH emitió para Costa Rica en enero de ese año, luego de una consulta realizada por la administración de Solís.
En este marco, el 26 de abril, como presidente electo, Carlos Alvarado informó que la exdiputada Mora del partido Frente Amplio (FA) asumiría como ministra de la Condición de la Mujer y jerarca del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). La ministra Mora urgió a aprobar la norma técnica, la cual debía ser presentada y firmada por el ministro de Salud y el presidente. Mora señaló que el no aprobar la norma constituiría un retroceso y una incongruencia con las promesas de Alvarado durante la campaña electoral.
Ese posicionamiento dejó en evidencia, de manera pública y temprana, la principal contradicción entre la gestión de Mora en el Inamu y la de Alvarado: mientras que el presidente y la fracción oficialista impulsaban un tipo de neoliberalismo progresista, Mora alentaba una agenda feminista y antineoliberal.
En lo que respecta a la diversidad sexual, el 23 de octubre, el Gobierno aprobó las pautas y una mesa de trabajo para diseñar una política para la formación y la empleabilidad de las personas trans.21 El 21 de diciembre, Alvarado firmó cuatro decretos para reconocer derechos migratorios a parejas del mismo sexo, declarar de interés público el Protocolo de Atención Integral de Personas Trans para la Hormonización en la Red de Servicios de Salud, reglamentar el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género de las personas extranjeras y designar el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, la Lesbofobia,la Bifobia y la Transfobia. También, emitió una directriz para que parejas del mismo sexo pudieran tener acceso a bonos familiares de vivienda y otra para eliminar la prohibición y la sanción a los notarios que celebren matrimonios entre personas del mismo sexo.
Un segundo eje de tensión entre el Inamu y la mayoría del gabinete de Alvarado se creó por la discusión sobre los derechos laborales de las mujeres, especialmente de aquellas en condición de mayor precarización.
Paralelamente, si bien ya el camino estaba despejado para la firma presidencial de la norma técnica, luego de la aprobación de la reforma fiscal y la renuncia de Piza como ministro de la Presidencia en julio de 2019, el texto que salió a la luz en octubre de ese año no satisfizo las expectativas de los movimientos feministas ni del Inamu.
El 4 de diciembre de 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) finalmente publicó el texto final de la norma técnica y lo envió a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para su valoración. Alvarado y el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, firmaron la norma el 12 de diciembre, la cual estuvo lejos de satisfacer las expectativas del movimiento feminista.
jeres para acceder a este procedimiento. Sin embargo, la norma necesitaba ahora de la elaboración de un protocolo de atención para poder implementarse de manera efectiva en los centros de salud; la redacción de esa norma quedó a cargo de la CCSS con un plazo para su presentación que vencía en junio de 2020. Por su parte, partidos políticos y grupos conservadores anunciaron el inicio de una batalla legal para intentar frenar su aplicación.
Entretanto, la urgencia del Gobierno de contar con el apoyo de la mayoría de la Asamblea Legislativa para tramitar una serie de proyectos de ley, los cuales estaban destinados a contraer el gasto público y reformar el régimen de empleo estatal, hizo que la bancada oficialista prestara sus votos el primero de mayo para elegir al diputado conservador Eduardo Cruickshank Smith como presidente del Congreso, a pesar de que él promovía abiertamente una agenda contraria a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población sexualmente diversa.
A pesar de sus cuestionables alianzas parlamentarias, Alvarado intentaba reafirmar el compromiso de su gestión con la agenda de derechos de la población sexualmente diversa.
En este conflictivo contexto, el 4 de diciembre de 2020, el ministro Salas y el presidente Alvarado firmaron el protocolo para la interrupción terapéutica del embarazo, que había sido enviado por la CCSS desde el mes de junio con el fin de uniformar los procedimientos correspondientes.
Entre diciembre de 2020 y abril de 2021, los compromisos de Alvarado por impulsar y aprobar proyectos de ley de reducción del gasto y reforma al empleo público provocaron las renuncias de Mora y (Margarita) Salas.
En su informe final de gestión, Mora destacó el impulso dado desde su despacho y en coordinación con distintas fracciones legislativas a quince proyectos de ley contra la violencia de género y a favor de la igualdad, los derechos laborales y la participación política, entre los que destacó la redacción y la aprobación de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero y varios proyectos relacionados con las víctimas de femicidio, el derecho a los alimentos durante la pandemia por COVID-19 y el fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo. Además, resaltó la participación del Inamu como coadyuvante en numerosos casos de violencia de género y femicidios (63 en el trienio 2018-2020).
Por su parte, Salas renunció el 12 de abril de 2021, luego de que el presidente y la mayoría de la fracción oficialista respaldaran la inclusión de una cláusula de objeción de conciencia en el proyecto para reformar el empleo público que permitiría a los funcionarios estatales negarse a recibir capacitaciones y procesos de formación por ir en contra de sus valores éticos o religiosos. La inclusión de dicha cláusula fue necesaria para que las bancadas conservadoras apoyaran esa iniciativa, prioritaria en la agenda gubernamental y de las cámaras empresariales.
A nivel laboral, la situación de las mujeres se deterioró de manera acelerada en los primeros dos años de la gestión de Alvarado.
En términos generales, la gestión de Alvarado muestra el apoyo a una agenda progresista de avance en derechos sexuales y reproductivos, reivindicaciones identitarias y de derechos civiles, disociada de las demandas de una justa redistribución de la riqueza con equidad de género. Tal contradicción estuvo en el fondo de las discrepancias entre el Inamu y el presidente y su equipo económico.
El apoyo y el avance de la agenda progresista por parte del Poder Ejecutivo estuvieron siempre supeditados a los compromisos y las negociaciones del presidente con los sectores conservadores y neoliberales, según lo demostró el debate alrededor de la reforma fiscal y la iniciativa para reformar el empleo público. En esta dinámica residió el fundamento de las renuncias de Mora y Salas.
Por consiguiente, el Gobierno de Alvarado se inscribe dentro de la tendencia del “neoliberalismo progresista”, planteada por Fraser, que vincula la dinámica desreguladora y la subjetividad individualista y emprendedora con las demandas de autonomía y empoderamiento feminista de corte liberal.
