Iván Molina Jiménez
Analiza las condiciones que posibilitaron el desarrollo de un mercado clandestino del aborto en Costa Rica y su funcionamiento en el período 1900-2020. También considera las características de ese mercado, en particular el diferenciado acceso a los servicios médicos según el origen social de las mujeres que abortaron. Además, estudia las principales polémicas que se han desarrollo en el país en torno a la práctica de la interrupción artificial del embarazo y a las propuestas para legalizar dicho procedimiento.
El 12 de diciembre del año 2019, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), firmó la norma técnica que regula la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Pese a que lo único que hizo el mandatario fue modernizar la legislación correspondiente a un procedimiento autorizado en el país desde los códigos penales de 1918 y 1924 (más el actual, de 1970), contra esta iniciativa, demandada y apoyada por movimientos y grupos feministas, se organizó una fuerte oposición liderada por la Iglesia católica y los partidos y cultos evangélicos. El debate respectivo, centrado en la confrontación de puntos de vista médicos y religiosos, tendió a dejar lado, con pocas excepciones, el tema del mercado clandestino del aborto en el país.
Aborto impune.
ARTÍCULO 121.-No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.
Desde un inicio la interrupción clandestina del embarazo fue una práctica socialmente diferenciada, según la condición socioeconómica de las pacientes; y que las concepciones acerca de los motivos que justificarían implementar ese procedimiento han variado poco a lo largo del tiempo, con un claro predominio de las razones terapéuticas y eugenésicas frente a las basadas en la precariedad de recursos de la futura madre, su libre albedrío para disponer de su cuerpo y para aceptar o rechazar la maternidad, la protección de su honor y la priorización de sus actividades académicas o laborales.
En América Latina, solo Cuba (1964 y 1979) y Uruguay (2012) han legalizado el aborto, pero en contextos históricos muy distintos: en el caso cubano como respuesta al incremento en el número de mujeres que morían como resultado de procedimientos clandestinos, y en el uruguayo producto de una efectiva movilización feminista en un escenario político dominado por la izquierda.
Aborto, honor y sexualidad
En 1900, Joaquín García Monge (1881-1958) publicó Las hijas del campo, una de las primeras novelas costarricenses y la que inauguró el tema de la corrupción de las jóvenes campesinas, desplazadas a los espacios urbanos en búsqueda de empleo, por sus patronos. Al final de la obra, Manuel, el protagonista masculino que sedujo a la sirvienta Casilda, se valió de “un doctorcito amigo suyo” para interrumpir el embarazo de la muchacha.
Un procedimiento que, precisamente por su carácter ilegal, fue la base un temprano mercado clandestino, sustentado en las prácticas sexuales prenupciales, la estratégica conexión entre el honor familiar y la virginidad femenina, y los extendidos prejuicios contra los embarazos fuera del matrimonio y quienes nacían en esas condiciones.
Desde finales del siglo XVIII, empezó a generalizarse el matrimonio en el Valle Central, un proceso que, como lo analizó Eugenia Rodríguez Sáenz (2005, 2007), estuvo relacionado con la presión ejercida por la Iglesia católica y la Corona española, en el contexto de las reformas borbónicas, para regularizar la vida familiar, y con el amplio –aunque desigual acceso– de los pequeños y medianos productores, agrícolas y artesanales, a la propiedad inmobiliaria. Sin embargo había frecuentes casos de hijos antes y fuera del matrimonio (un 14% en en campesinos y artesanos practicaba sexo prenupcial).
Patricia Alvarenga Venutolo (2012), en el único estudio histórico que se ha hecho sobre el aborto en los primeros años del siglo XX, aporta información según la cual, mientras algunas mujeres procuraban abortar por sí mismas, por lo general mediante maltratos infligidos a sus propios cuerpos, otras adquirían productos considerados abortivos.
La polémica de 1934
Publicado el 2 de diciembre de 1934 (p. 3) por el semanario Trabajo (órgano del Partido Comunista de Costa Rica, fundado en junio de 1931), texto para responder a un comentario de Max Jiménez Huete (1900-1947), en el cual este escritor y artista se manifestó contra la legalización del aborto en la Unión Soviética. Trabajo informó que por Barrio México, una vecindad próxima al centro de San José, “hay
La iniciativa para legalizar el aborto de 1939
En octubre de 1939, se iba a efectuar en Costa Rica el VIII Congreso Panamericano del Niño, pero por la II GM, no sucedió así. En marzo de 1939 el abogado nicaragüense Francisco José Siero y Rojas (1908-¿?), entonces residente en San José, se manifestó a favor de la legalización del aborto, propuesta que originó la principal polémica sobre este tema en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX. Influido fuertemente por las teorías eugenésicas, difundidas en América Central desde la década de 1870 y reforzadas por el ascenso del fascismo y el nazismo en Europa (Palmer, 1996; Hawkins, 1997), Siero defendió la eutanasia “o muerte piadosa”, la esterilización “de los dementes” y, en los siguientes casos, el aborto: “la mujer violada que resulta embarazada”, por razones terapéuticas y cuando “es imposible el mantenimiento de los hijos”-.
Fuertemente combatida, principalmente por el sacerdote y activista religioso Rosendo de Jesús Valenciano Rivera (1871-1962), quien tuviera una destacada participación en el conflicto por la enseñanza de la teoría de la evolución en el Liceo de Heredia en 1907. Tal presbítero, para quien la legalización del aborto en Rusia originó “un furor abortivo de las niñas bolcheviques”, consideraba que algo similar ocurriría en Costa Rica si se descriminalizaba ese procedimiento y se abrían clínicas “para que las muchachas alegres puedan vivir a sus anchas”. Claudio Bolaños Araya (1892-¿?), canónigo y secretario de la Curia Metropolitana, acusó a Siero de criminalizar a niños inocentes y de procurar su muerte. Sara Casal Conejo (1879-1953) (1939, pp. 4, 7), recordó que el artículo 45 de la Constitución establecía que la vida humana era inviolable.
Siero usaba argumentos a favor de la legalización del aborto, pero con un énfasis mayor en las justificaciones eugenésicas, por lo que insistió en que era necesario “impedir la procreación de los ineptos” y combatir “la irresponsabilidad de quienes procrean hijos que no están en posibilidad de mantener, o que no han debido intentar procrear por sus condiciones físicas o morales”. Además, para apoyar la aprobación de “una legislación antinatalista” con esos propósitos, indicó que, en el caso de una mujer soltera que resultaba embarazada, el impulso de la maternidad no surgía inmediatamente después de la concepción y era contrarrestado por el desamparo y la humillación a que se expondría si no se despojaba de aquello que “cohíbe su trabajo, desmerece su salud” y “físicamente la deforma”.
Si bien la Iglesia católica no simpatizaba con el feminismo, el énfasis en que la propuesta de Siero era anti-maternalista procuraba encontrar eco entre mujeres identificadas con el sufragismo, como Casal, Ángela Acuña Braun (1888-1983) y Auristela Castro Muñoz (1886-1976), como efectivamente ocurrió, aunque de maneras que resultaron inesperadas para dicho eclesiástico. Castro clamó por no hostilizar a las madres solteras y por reforzar las políticas sociales para atender “a los hijos del amor libre” con la creación de una inclusa. Tal llamado fue respaldado por Acuña, quien defendió la interrupción del embarazo por motivos eugenésicos y añadió que era fundamental investigar la paternidad y generalizar la educación sexual, iniciativa esta última que posteriormente fue secundada por Castro. Más políticamente, Casal (1939, p. 7), al manifestarse contra el aborto, aprovechó también para hacer propaganda a favor del sufragismo. Rodrigo Facio Brenes (1917- 1961), escribió en 1939 un extenso ensayo jurídico a favor de reformar la legislación del aborto en un sentido similar a lo planteado por Siero.
Pese a que la controversia se prolongó por más de un mes, el mercado del aborto apenas fue mencionado esporádica y fugazmente. De acuerdo con Valenciano, un procedimiento de ese tipo podía costar entre 50 y 100 colones (equivalentes a entre uno y dos salarios mínimos mensuales en esa época)
Casal sugirió que la práctica del aborto era más urbana que rural, ya que a tal procedimiento recurrían principalmente muchachas solteras “que se creen de alguna posición social y quieren pasar por honradas y viven pendientes de que se les tenga aprecio, a pesar de su vida licenciosa”. Su punto de vista, aunque prejuicioso en relación con la cultura de las jóvenes modernas, fue particularmente preciso al establecer esa diferencia geográfica que se manifestó en que la proporción de nacimientos fuera del matrimonio era más elevada en las ciudades del Valle Central que en el campo.
La propuesta de Siero dejó casi completamente al margen una importante dimensión del mercado del aborto, que fue fugazmente mencionada por Castro: la de mujeres casadas que, con o sin el consentimiento del marido, procuraban interrumpir su embarazo como una forma de control de la natalidad.
