Género, diversidad sexual y feminismos

 Sofía Cortés Sequeira

Tiene como objetivo el presente capítulo analizar las políticas impulsadas por la administración de Carlos Alvarado Quesada en materia de género y diversidad sexual, para discutir los avances, las contradicciones y los retrocesos que ha experimentado el Gobierno en esta materia.

A pesar de que durante la campaña electoral la candidatura de Alvarado había cosechado el apoyo del movimiento feminista y de diversidad sexual al posicionarse abiertamente en favor del avance de una agenda de derechos, el segundo punto del capítulo dos del acuerdo firmado por Piza y Alvarado, explícitamente incluyó el compromiso de no modificar ninguna ley relacionada con el aborto, ni ampliar, vía interpretación, protocolo o reforma, lo ya contenido en el artículo 121 del Código Penal, que permite la aplicación del aborto terapéutico en Costa Rica desde 1971. En cuanto al matrimonio igualitario, si bien Piza reafirmó su oposición, indicó que respetaría la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en esta materia. A nivel económico, ambos se comprometieron a impulsar una serie de medidas y proyectos de reforma fiscal centrados en la austeridad, la contracción del gasto público y el aumento de los impuestos indirectos.

Por un amplio margen, el primero de abril de 2018, Carlos Alvarado derrotó al conservador Fabricio Alvarado Muñoz. Parecía que triunfaba el grupo político más afín al feminismo. No obstante, el 25 de abril, la administración saliente de Luis Guillermo Solís Rivera anunció, repentinamente, que no continuaría con la tramitación de la norma técnica necesaria para implementar de manera efectiva el aborto terapéutico en los centros de salud del país, lo que encendió las alarmas dentro del movimiento feminista.

Sobre las políticas dirigidas a la población sexualmente diversa, el Gobierno de Alvarado, que asumió funciones el 8 de mayo de 2018, se comprometió a acatar e implementar, en todos sus alcances, la resolución que la Corte IDH emitió para Costa Rica en enero de ese año, luego de una consulta realizada por la administración de Solís. 

En este marco, el 26 de abril, como presidente electo, Carlos Alvarado informó que la exdiputada Mora del partido Frente Amplio (FA) asumiría como ministra de la Condición de la Mujer y jerarca del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). La ministra Mora urgió a aprobar la norma técnica, la cual debía ser presentada y firmada por el ministro de Salud y el presidente. Mora señaló que el no aprobar la norma constituiría un retroceso y una incongruencia con las promesas de Alvarado durante la campaña electoral.

Ese posicionamiento dejó en evidencia, de manera pública y temprana, la principal contradicción entre la gestión de Mora en el Inamu y la de Alvarado: mientras que el presidente y la fracción oficialista impulsaban un tipo de neoliberalismo progresista, Mora alentaba una agenda feminista y antineoliberal.

En lo que respecta a la diversidad sexual, el 23 de octubre, el Gobierno aprobó las pautas y una mesa de trabajo para diseñar una política para la formación y la empleabilidad de las personas trans.21 El 21 de diciembre, Alvarado firmó cuatro decretos para reconocer derechos migratorios a parejas del mismo sexo, declarar de interés público el Protocolo de Atención Integral de Personas Trans para la Hormonización en la Red de Servicios de Salud, reglamentar el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género de las personas extranjeras y designar el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, la Lesbofobia,la Bifobia y la Transfobia. También, emitió una directriz para que parejas del mismo sexo pudieran tener acceso a bonos familiares de vivienda y otra para eliminar la prohibición y la sanción a los notarios que celebren matrimonios entre personas del mismo sexo.

Un segundo eje de tensión entre el Inamu y la mayoría del gabinete de Alvarado se creó por la discusión sobre los derechos laborales de las mujeres, especialmente de aquellas en condición de mayor precarización.

Paralelamente, si bien ya el camino estaba despejado para la firma presidencial de la norma técnica, luego de la aprobación de la reforma fiscal y la renuncia de Piza como ministro de la Presidencia en julio de 2019, el texto que salió a la luz en octubre de ese año no satisfizo las expectativas de los movimientos feministas ni del Inamu.

El 4 de diciembre de 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) finalmente publicó el texto final de la norma técnica y lo envió a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para su valoración. Alvarado y el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, firmaron la norma el 12 de diciembre, la cual estuvo lejos de satisfacer las expectativas del movimiento feminista.

jeres para acceder a este procedimiento. Sin embargo, la norma necesitaba ahora de la elaboración de un protocolo de atención para poder implementarse de manera efectiva en los centros de salud; la redacción de esa norma quedó a cargo de la CCSS con un plazo para su presentación que vencía en junio de 2020. Por su parte, partidos políticos y grupos conservadores anunciaron el inicio de una batalla legal para intentar frenar su aplicación.

Entretanto, la urgencia del Gobierno de contar con el apoyo de la mayoría de la Asamblea Legislativa para tramitar una serie de proyectos de ley, los cuales estaban destinados a contraer el gasto público y reformar el régimen de empleo estatal, hizo que la bancada oficialista prestara sus votos el primero de mayo para elegir al diputado conservador Eduardo Cruickshank Smith como presidente del Congreso, a pesar de que él promovía abiertamente una agenda contraria a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población sexualmente diversa.

A pesar de sus cuestionables alianzas parlamentarias, Alvarado intentaba reafirmar el compromiso de su gestión con la agenda de derechos de la población sexualmente diversa.

En este conflictivo contexto, el 4 de diciembre de 2020, el ministro Salas y el presidente Alvarado firmaron el protocolo para la interrupción terapéutica del embarazo, que había sido enviado por la CCSS desde el mes de junio con el fin de uniformar los procedimientos correspondientes.

Entre diciembre de 2020 y abril de 2021, los compromisos de Alvarado por impulsar y aprobar proyectos de ley de reducción del gasto y reforma al empleo público provocaron las renuncias de Mora y (Margarita) Salas.

En su informe final de gestión, Mora destacó el impulso dado desde su despacho y en coordinación con distintas fracciones legislativas a quince proyectos de ley contra la violencia de género y a favor de la igualdad, los derechos laborales y la participación política, entre los que destacó la redacción y la aprobación de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero y varios proyectos relacionados con las víctimas de femicidio, el derecho a los alimentos durante la pandemia por COVID-19 y el fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo. Además, resaltó la participación del Inamu como coadyuvante en numerosos casos de violencia de género y femicidios (63 en el trienio 2018-2020).

Por su parte, Salas renunció el 12 de abril de 2021, luego de que el presidente y la mayoría de la fracción oficialista respaldaran la inclusión de una cláusula de objeción de conciencia en el proyecto para reformar el empleo público que permitiría a los funcionarios estatales negarse a recibir capacitaciones y procesos de formación por ir en contra de sus valores éticos o religiosos. La inclusión de dicha cláusula fue necesaria para que las bancadas conservadoras apoyaran esa iniciativa, prioritaria en la agenda gubernamental y de las cámaras empresariales.

A nivel laboral, la situación de las mujeres se deterioró de manera acelerada en los primeros dos años de la gestión de Alvarado.

En términos generales, la gestión de Alvarado muestra el apoyo a una agenda progresista de avance en derechos sexuales y reproductivos, reivindicaciones identitarias y de derechos civiles, disociada de las demandas de una justa redistribución de la riqueza con equidad de género. Tal contradicción estuvo en el fondo de las discrepancias entre el Inamu y el presidente y su equipo económico.

El apoyo y el avance de la agenda progresista por parte del Poder Ejecutivo estuvieron siempre supeditados a los compromisos y las negociaciones del presidente con los sectores conservadores y neoliberales, según lo demostró el debate alrededor de la reforma fiscal y la iniciativa para reformar el empleo público. En esta dinámica residió el fundamento de las renuncias de Mora y Salas.

Por consiguiente, el Gobierno de Alvarado se inscribe dentro de la tendencia del “neoliberalismo progresista”, planteada por Fraser, que vincula la dinámica desreguladora y la subjetividad individualista y emprendedora con las demandas de autonomía y empoderamiento feminista de corte liberal.

Jaque a los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ en Costa Rica

Jaque a los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ en Costa Rica.

Larraitz Lexartza Artza

Este trabajo tiene como objetivo analizar la emergencia de los partidos confesionales y la evolución de su discurso antiderechos en los últimos tres procesos electorales presidenciales y legislativos en Costa Rica. 

La consolidación y el avance del discurso antiderechos en Costa Rica han estado estrechamente vinculados al auge de los partidos confesionales evangélicos en el país.

En este sentido, es importante recordar que Costa Rica es todavía un Estado confesional. El artículo 75 de la Constitución Política señala que “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado”.

A pesar del carácter confesional del Estado que responde a la Iglesia católica, esta ha perdido peso en las últimas décadas, lo cual ha coincidido con el aumento de Iglesias de corte protestante, principalmente pentecostales. 

Aunque el Estado es confesional, tanto la Constitución Política (art. 28) como el Código Electoral (art. 136) limitan el uso de la religión en la arena política. Ambas normas prohíben invocar en la propaganda política criterios religiosos y valerse de las creencias religiosas de la población. La existencia de los partidos confesionales contraviene estas disposiciones, pues se fundamentan en las creencias religiosas. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha aceptado su inscripción de forma recurrente. El primer partido evangélico oficialmente inscrito fue la Alianza Nacional Cristiana, en 1982.

El surgimiento de otros partidos de corte evangélico se ha debido, sobre todo, a disputas partidarias que han generado divisiones. En 1995, Justo Orozco, fundador de la Alianza Nacional Cristiana, la abandonó para conformar el Partido Renovación Costarricense (PRC). Posteriormente, en 2005, el pastor Carlos Avendaño fundó el Partido Restauración Nacional (PRN) tras abandonar Renovación Costarricense, también por disputas dentro del partido. En 2012, se inscribió la Alianza Demócrata Cristiana (ADC). Finalmente, Restauración Nacional volvió a dividirse en 2018; como consecuencia, perdió la mitad de las diputadas y diputados de su fracción legislativa. A inicios de 2019, se inscribió otra agrupación evangélica, el Partido Nueva República (PNR) , orientado hacia el ala fabricista del partido.

El primer partido evangélico en obtener una curul fue Renovación Costarricense, en 1998. Desde entonces, y principalmente en los tres últimos procesos electorales, estos partidos han ganado fuerza en la Asamblea Legislativa.

Esta tendencia alcanzó su punto más alto en 2018, cuando Restauración Nacional consiguió 14 de las 57 diputaciones y representación en todas las provincias del país.

Una consecuencia paradójica del elevado número de escaños que alcanzaron fue la representación de género paritaria, por lo que, pese a que sus papeletas estaban encabezadas mayoritariamente por hombres, al lograr más de un escaño en las circunscripciones en las que resultaron victoriosos, un número importante de mujeres consiguieron ganar. 

, el 9 de enero de 2018, Costa Rica recibió la notificación de la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta instaba a tomar medidas para no discriminar por identidad de género u orientación sexual, y, en consecuencia, permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo (Corte IDH, 2018). Esto catapultó a Fabricio Alvarado a los primeros puestos de los sondeos. En un contexto polarizado, la ya mencionada Opinión Consultiva de la Corte IDH movilizó aún más a los sectores antiderechos y marcó de forma determinante el rumbo de la campaña y del proceso electoral a partir de ese momento. La situación también implicó un giro de los partidos tradicionales hacia posiciones más conservadoras. 

Con respecto a los programas de gobierno, Restauración se centró en aspectos como derogar el reglamento que regula la FIV, cerrar el namu, oponerse al aborto, defender el matrimonio entre hombre y mujer, y eliminar la “ideología de género” de la educación (PRN, 2017). La ADC abordó aspectos similares, con énfasis en rechazar cualquier forma de aborto, defender la familia tradicional y eliminar iniciativas educativas que “distorsionen el concepto de género asociado a la biología propia del ser humano, y lo atribuya a una construcción psíquica o social” (ADC, 2018, p. 82). Finalmente, el escueto programa de Renovación no incorporó medidas específicas.

La campaña electoral 2017-2018 estuvo marcada, además, por la intromisión religiosa, a pesar de las prohibiciones que disponen la Constitución y el Código Electoral. Hasta febrero de 2018, el TSE recibió 206 denuncias por este motivo. Se destaca, sin embargo, la tibia intervención del TSE en ese sentido, ya que no actuó de oficio y no emitió ninguna sanción más allá del llamado de atención. 

Entre 2010 y 2014, Justo Orozco (PRC) y Carlos Avendaño (PRN) se aliaron con el entonces partido de gobierno, el Partido Liberación Nacional (PLN). Orozco permitió, con su voto en 2012, que el partido oficialista recuperara el control del Directorio Legislativo. A cambio, obtuvo la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, tribuna desde la cual se dedicó a obstaculizar el avance de los proyectos que buscaban permitir las uniones de personas del mismo sexo. Entre 2014 y 2018, los evangélicos apostaron nuevamente por las alianzas, con una lógica similar.

El acercamiento del PAC a los partidos y grupos evangélicos fue más allá en ese cuatrienio. Durante el periodo legislativo extraordinario de 2014, el Ejecutivo convocó el proyecto de ley 19.099 para Libertad Religiosa y de Culto (El PeridicoCR, 4 de agosto de 2014). Este proyecto, presentado en la legislatura anterior por Avendaño, buscaba otorgar importantes privilegios a la Iglesias evangélicas. Posteriormente, en 2016, medios de comunicación reportaron que el entonces presidente, Luis Guillermo Solís, recibió una “imposición de manos” por parte de varios pastores y “apóstoles” en la Casa Presidencial (Mora, 2016).

Medir el impacto de la emergencia y crecimiento de los partidos evangélicos para los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ no es una tarea fácil. 

La victoria del candidato evangélico Fabricio Alvarado propició un clima de exaltación de las posiciones ultraconservadoras, y, a su vez, conllevó un aumento de las agresiones contra mujeres y personas lgtbiq. Durante ese periodo, se produjo un hecho insólito en el país hasta ese momento: se cometieron siete femicidios durante un solo mes

No existen elementos suficientes para establecer una relación causal entre la proliferación de mensajes cuestionadores de los derechos de las mujeres y el aumento de la violencia, sin embargo, tampoco se puede descartar esta opción. 

Los ejemplos más claros de amenazas a derechos conquistados tienen que ver con la interrupción del embarazo y la institucionalidad para promover los derechos de las mujeres. Con respecto al primer punto, el artículo 121 del Código Penal establece: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer (…) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Durante el periodo estudiado, se han presentado al menos tres iniciativas para modificar ese artículo y restringir la excepción. Además, está aún activo un proyecto de ley cuyo objetivo es cerrar el INAMU y crear una nueva institución encargada de atender a las familias, lo cual diluye el mandato de esa institución con respecto a los derechos de las mujeres.

Con respecto a las dificultades para avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos, los partidos evangélicos han hecho imposible que se aprueben algunos proyectos de gran relevancia, o bien saturándolos de mociones o bien negociando que no fueran incluidos en el orden del día. Este fue el caso de los proyectos que buscaban permitir las uniones del mismo sexo o la FIV en el país. De hecho, la oposición a estos proyectos logró cohesionar aún más a evangélicos y católicos

En el caso de la FIV, es importante recordar que en 2000 se prohibió esta técnica reproductiva en Costa Rica, debido a una resolución de la Sala Constitucional (2000). Esta prohibición llevó a un grupo de parejas afectadas a interponer una denuncia internacional ante la Corte IDH. Aun reconocido el derecho a la FIV, levantar la prohibición en el país se demoró cuatro años más. El proyecto legislativo para regularla llegó a tener hasta nueve textos sustitutivos y recibió mociones que comprometían severamente la salud de las mujeres. Debido a las dificultades para aprobar una nueva norma, y así cumplir lo dispuesto por la Corte IDH, la técnica fue regulada mediante un decreto presidencial. Este tampoco se aplicó de inmediato, debido a acciones de inconstitucionalidad presentadas por grupos antiderechos, mediante los cuatro diputados evangélicos activos en aquel momento. Finalmente, una nueva intervención de la Corte IDH propició que se aplicara la técnica a partir del 26 de febrero de 2016.

El matrimonio igualitario sufrió una dilación similar. Aunque la Opinión Consultiva de la Corte IDH que lo hizo posible se emitió en febrero 2018, no entró en vigor hasta mayo de 2020. Al igual que en el caso anterior, la resolución de la Corte IDH requería que se adaptara la normativa nacional a lo dispuesto por el tribunal. Esta situación abría la puerta a la posibilidad de posponer indefinidamente la aplicación, ya que era improbable que se aprobara en la Asamblea Legislativa una regulación acorde con lo dispuesto por el tribunal internacional.

En este escenario, activistas de los derechos de las personas lgtbiq emprendieron la vía constitucional como estrategia para garantizar la entrada en vigor del matrimonio igualitario, e interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición del Código de Familia, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. La resolución de la Sala Constitucional ante este recurso fue favorable, aunque atípica. Si bien la Sala reconocía la inconstitucionalidad de la norma, no la derogó con carácter inmediato. Otorgó a la Asamblea Legislativa un plazo de 18 meses para aprobar una regulación acorde con lo dispuesto en la Opinión Consultiva. Además, estableció que, de no haberse logrado un resultado satisfactorio en ese periodo, las disposiciones discriminatorias del Código de Familia serían derogadas y el matrimonio entre personas del mismo sexo entraría en vigencia sin una regulación adicional (Sala Constitucional, 2018)

La entrada en vigor del matrimonio igualitario se concretó el 26 de mayo de 2020, en unas condiciones atípicas marcadas por la situación de la pandemia de covid-19. Debido a las restricciones de movilidad adoptadas por el Estado, no era posible organizar manifestaciones que contestaran los derechos de las personas l g t b i q . Sin embargo, durante las semanas previas a la entrada en vigencia del derecho, sí se vivieron momentos de tensión.

En primer lugar, después de un periodo de importantes logros normativos para los derechos de las mujeres, principalmente durante los años noventa, la irrupción de los partidos evangélicos, en un inicio con apoyo muy minoritario y un discurso grotesco, parecía poco relevante. Sin embargo, reconstruir su andadura evidencia un crecimiento gradual y que cada etapa ha sido necesaria para alcanzar estadios de mayor apoyo. En este sentido, es esencial crear estrategias para enfrentarse con los grupos antiderechos que buscan participar en la política electoral desde el inicio.

En segundo lugar, la fragmentación parlamentaria ha contribuido a aumentar el poder de los partidos evangélicos en diferentes periodos, ya que sus votos adquieren mayor relevancia para impulsar propuestas legislativas. Sin embargo, los partidos políticos que se prestan a las alianzas con aquellos que asumen posiciones antiderechos los convierten en interlocutores válidos y les otorgan legitimidad.

En tercer lugar, en la actualidad, el discurso de los partidos evangélicos pivota en torno a la “ideología de género”. Se trata del concepto que ha resultado más útil para vertebrar su discurso y hacerlo llegar a la gente de forma sencilla.

Por último, con frecuencia se dan por sentados los derechos ya adquiridos. Se asume que la trayectoria de los derechos humanos es solo hacia delante, hacia conquistar nuevos derechos y ampliar los existentes. Sin embargo, en este momento los que se han alcanzado están amenazados.

 

Historia transnacional

Carmen de la Guardia y Juan Pan-Montojo, “Reflexiones sobre una historia transnacional.” En: Stvdia histórica. Historia contemporánea. 16 (1998): 9-31.

Frente a la exclusiva y excluyente práctica historiográfica como práctica nacional e incluso nacionalista, surge recientemente la posibilidad de una historia transnacional que, sin renunciar a ciertas "maneras" clásicas de historiar, permita una reflexión menos "casticista" y de más altos vuelos. En este artículo y tras abordar la íntima relación entre la historiografía y el proceso de construcción de las naciones por un lado, y los últimos debates sobre el papel y el contenido de la historia en los sistemas educativos por otro, se profundiza sobre la naturaleza, el carácter, la metodología y los contenidos de una historia transnacional.

Explicar los precedentes cercanos y remotos de los pueblos, las trayectorias y la forja de las naciones, de las pensadas desde y a favor del Estado y de las pensadas contra y a pesar del Estado, fue una de las tareas centrales —si no la central— de los historiadores que pusieron las bases de la historiografía.

Crisis: el historiador, un experto en periodizaciones, no suele cuestionar los límites de la sociedad, convirtiéndola en sinónimo del conjunto de gentes que viven en un espacio delimitado por fronteras políticas. Compartíamos, también, la conciencia de que en nuestros días las identidades nacionales y las identidades culturales se han vuelto más problemáticas y conflictivas por razones diversas, que van desde la ampliación y densificación del mercado de productos culturales hasta la derrota intelectual —que no social o política— de la concepción primordialista de la nación, pasando por la quiebra o transformación de muchas de las instituciones sociales de la modernidad.

Inventadas, constmidas, imaginadas, las naciones han dejado de ser, para la mayoría de los historiadores occidentales, realidades primordiales. Los nacionalismos estatales construyeron artefactos culturales, naciones, imaginadas como soberanas y territorialmente limitadas, donde sus habitantes lograran tener un sentido de pertenencia frente al mundo exterior. Si el nacionalismo fue necesario para legitimar el fruto de las revoluciones liberales, la historia, la literatura, la geografía y el folklore, fueron algunos de sus instrumentos para crear identidades colectivas que reforzaran los nuevos vínculos sociales. Fue durante las primeras décadas del siglo XIX, cuando los distintos estados nacionales potenciaron sus políticas encaminadas a reforzar los ahora saberes nacionales. La geografía, la filología, la literatura y la historia se revistieron de solemnidad e importancia. En sociedades de EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania y España, sociedades acometieron la elaboración de inmensas historias nacionales. Este proceso de elaboración de historias nacionales fue acompañado de un periodo de búsqueda y edición de aquellos documentos que justificaban la antigüedad y grandeza de los distintos estados nacionales. La importancia que había adquirido el saber histórico como creador de un pasado nacional, así como el acercamiento del historiador a las fuentes escritas, produjo una alteración en la concepción y en la práctica de la historia. La historia dejó de ser un saber erudito transformándose en una disciplina que, además, se consideraba a sí misma como una ciencia. La historia en Alemania era considerada como una disciplina científica. La utilización de un método crítico para analizar los documentos históricos y su devoción por capturar con precisión los hechos del pasado, aproximaron el oficio del historiador al de cualquier otro científico decimonónico.

Sólo a través de la historia se podía descubrir el sentido último de la sociedad, y más específicamente de cada sociedad nacional. Los problemas que los historiadores se plantearon, los métodos que utilizaron y la fuerte orientación política, desde luego nacionalista, de sus escritos, estaban sustentados en esa fe en la historia

La historia se había convertido en disciplina científica pero utilizaba su recién ganada objetividad para legitimar "la verdad" de la grandeza de los estados-nación.

Pero no todos los historiadores decimonónicos compartían las premisas en que se fundaba la historiografía como profesión. La crítica al método crítico rankeano se inició en fechas tempranas. En Alemania, en 1872, Jacob Burckhardt rechazó suceder a Ranke en su cátedra, por su forma distinta de entender la práctica histórica.  Burckhardt concebía la historia como el campo de interacción del Estado, la religión y la cultura. Se inició, así, un proceso de rechazo de las concepciones historicistas y de búsqueda de una ciencia social histórica, que estuviera relacionada con las estructuras y las fuerzas sociales y alejada del acontecimiento y de la narración, que tanto había ensalzado la historiografía decimonónica. Las "nuevas historias" acabaron imponiéndose como nueva ortodoxia historiográfica tras la Segunda Guerra Mundial.

Para muchos historiadores, la historia sólo podría tener un carácter científico a través de la formulación de relaciones generalizadas que pudieran ser expresadas en términos numéricos: la historia serial o la cliometría fueron los productos más acabados de esta opción. Para otros, por el contrario, la historia implicaba factores culturales específicos que imponían límites a las generalizaciones. A pesar de tener una concepción distinta sobre el significado de la historia como ciencia social, los simpatizantes de Annales, los marxistas y los historiadores sociales alemanes y norteamericanos, vinculados implícita o explícitamente a diferentes versiones de la teoría de la modernización, compartían muchas cosas. Pero la historia nacional y nacionalizadora siguió dominando los libros de texto, la divulgación histórica e incluso parcelas no desdeñables del poder académico.

La crisis de la historia, la extensión entre los historiadores de las dudas respecto a su práctica y al lugar de la disciplina en la jerarquía de saberes, así como la ausencia en el horizonte de cualquier paradigma dominante, no han estado exentas de consecuencias sobre la posición social de la historia, muy vinculada a la suerte de la disciplina escolar de historia.

El fin de la historia: Hacia finales de los 70 en varios países la historia se refuerza en el currículo de la educación masiva. Y es que efectivamente, la historia como creadora de valores nacionales o patrióticos constituye una constante en unos debates que por sus coincidencias cronológicas y morfológicas ponen de manifiesto la existencia de un nexo común, más allá de las evidentes distancias que separan las reflexiones sobre la educación en países en las que ha imperado tradicionalmente la descentralización y los programas abiertos y en países dominados por el modelo francés. Los contenidos sugeridos en la mayoría de las propuestas de reformulación de los programas no chocan a priori con las visiones de la izquierda socialdemócrata y más en general con la cultura política de izquierdas.

La comprensión de las razones de la expresión de este giro nacionalizador nos obliga a considerar varias dimensiones. Por una parte hay que recordar que tal giro se interpreta en cierta medida como un regreso. El intento de recrear una disciplina autónoma que no se diluya entre las otras ciencias sociales. Volver a los relatos nacionales, a las cronologías largas, a la personalización de los procesos históricos y a la autonomía de la historia como disciplina, constituyeron los denominadores comunes de la reacción en los ochenta y lo siguen siendo en nuestros días. Adicionalmente, la historiografía vive, como muchas otras disciplinas, una crisis de identidad derivada de su propia fragmentación y de la ausencia de consenso sobre cuál es el núcleo central de su investigación y qué fronteras la separan de otras materias.

El relativismo epistemológico ha hecho en cualquier caso alguna mella sobre el discurso historiográfico (el propio término "discurso" lo atestigua), otorgando nueva importancia a la "cultura" (a su vez convertida en un concepto polémico), disolviendo muchos de los determinantes estructurales y obligando a repensar continuamente la noción de "realidad histórica" (incluyendo en ella, desde luego, la "realidad nacional").

La historia transnacional: En este contexto y en los últimos años se ha producido una aparente paradoja: la eclosión de artículos en publicaciones especializadas que defienden la necesidad de elaborar una historia transnacional.  La transnacionalización se opone a las pretensiones de quienes quieren que la historia siga siendo el instrumento de construcción oficial y legítimo de identidades, sean éstas las que proponen los nacionalismos estatales, o sean las que les quieren oponer los nacionalismos subestatales, las minorías culturales y religiosas, o cualquier otro de los grupos sociales que aspiran a fundar, reforzar o politizar comunidades imaginadas alternativas a las existentes.

Que en ese contexto algunos historiadores se dediquen a hablar de lo transfronterizo o lo transnacional es sin duda una prueba clara de que, como señalaban Febvre y Bloch, el conocimiento historiográfico es en sí histórico, es decir, derivado de las preocupaciones inmediatas de sus autores. Y esas preocupaciones apuntan hacia la superación del proyecto moderno de historia como metarrelato nacional del progreso. 

La transnacionalidad equivale en historia a ajustar el ámbito socioespacial a las cuestiones tratadas; un propósito que con frecuencia supone más bien determinar líneas de corte sugerentes, capaces de abrir nuevas vías de análisis, por cuanto que la mayoría de las redes y relaciones se caracterizan por su continuidad.  

Al margen de su dualidad, Annales o la mejor tradición historiográfica marxista británica o la historia social de Bielefeld o la historia social y económica norteamericana, tendieron y tienden a construir su repertorio de problemas desde perspectivas atrapadas por sus contextos nacionales inmediatos.

Queremos pensar que las diversas formas de entender la historia, pueden encontrar en esa dirección muchos campos de encuentro aunque desde luego no exentos de problemas. El primero es el riesgo del elitismo, de que se reproduzca en el terreno de la historiografía la fractura ya existente en otras disciplinas entre, por una parte, los que tienen proyección internacional, los que publican en revistas de difusión mundial —o lo que es casi lo mismo, en inglés— y los que tratan no problemas universales, sino problemas que están en la agenda de la comunidad cosmopolita y, por otra parte, los historiadores que no llegan a ese ámbito, porque o bien carecen de las credenciales, las habilidades lingüísticas y el capital social para hacerlo, o bien eligen temas de relevancia inicialmente local.

El riesgo cierto del elitismo intelectual nos devuelve a su vez a un segundo problema. Si la historia nacional goza de relativa buena salud (como ponen de manifiesto las cifras de ventas de los libros dedicados a la historia nacional propia en cada país) es porque cumple una función importante en la creación de memoria colectiva. 

Está, en tercer lugar, la cuestión central en todos los debates recientes: la escuela. ¿Hay que enseñar historia a los niños? Si se defiende que pensar históricamente aumenta el bagaje intelectual —sea eso lo que sea— de los futuros ciudadanos, la respuesta debería ser afirmativa, pero entonces... ¿Qué historia? Resulta más dudoso que la mayoría de los ciudadanos piensen que la historia puede tener otra utilidad posible que la de recordarnos las gestas e infortunios de nuestros antepasados biológicos o culturales. 

Probablemente la sed de contar con una historia de cada "nosotros", sean éstos nacionales o no, nunca desaparecerá, porque nunca lo van a hacer las identidades colectivas ni su deseo de imaginarse hacia atrás en el tiempo ni de delimitarse en el espacio. 

La nación, la escuela, la naturaleza de la historiografía, los proyectos políticos y personales de los historiadores, las demandas de los mercados, las necesidades de los políticos y las opciones personales se entremezclan en una discusión entre salidas teóricas, que a veces no satisfacen necesidades prácticas, y prácticas que no satisfacen los proyectos teóricos.

 

Haciendo historia regional

Eric van Young, “Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas,” En: Pedro Pérez Herrero (comp.), Región e historia en México (1700-1850). Métodos de análisis regional. México: Instituto Dr. Mora/Universidad Autónoma Metropolitana, 1991.

Falta definir un concepto claro de historia regional, asumimos que lo sabemos. Suelen usarse conceptos heredados de la geografía económica.

Las regiones son hipótesis por demostrar.

Un concepto útil de región es la “especialización” de una relación económica. Es un espacio geográfico delimitado por el alcance efectivo de algún sistema cuyas partes interactúan más entre sí que con los sistemas externos.

Es un concepto que requiere especificar definiciones teóricas a priori, para no errar el fenómeno social a estudiar. Sin esto además se puede confundir regionalidad (cualidad de ser región) con regionalismo (identificación consciente, cultural, política y sentimental con ciertos espacios). Segundo, hay que especificar muy bien las variables que se están comparando y tercero la regionalidad es en sí misma un concepto dinámico.

En el campo teórico el análisis regional ayuda a resolver la tensión entre la generalización y la particularización.

El análisis regional tiene limitaciones: primero, requiere un gran número de postulados ceteris paribus, segundo, definir cómo se relacionan con el patrón superior (meta-región,  Estado o qué) y otras regiones y tercero, por su énfasis en lo económico y ciertas interacciones sociales puede dejar fuera otros fenómenos como la etnicidad.

El concepto de región especializa las relaciones económicas como el concepto de clase hace globalmente lo mismo. Demuestran diferenciación, jerarquía y articulación entre los elementos del sistema. Son modos de análisis que se intersectan. 

Algunas regiones se concentran en ciudades, otras son agrupamientos de unidades productivas vinculadas con un mercado externo. Las metáforas son olla de presión una y embudo la otra. Una es una estructura solar y otra es dendítrica. Alta polarización el primero, baja el segundo. El segundo tiene una diferencia de clases más marcada que el primero.

Hay sistemas mutuamente influyentes, ¿cuál es el que hay que elegir para definir una región? Elige el intercambio o las relaciones de mercado. Es una teoría de la localización, tamaño, naturaleza y espaciamiento de conjuntos de actividad mercantil. Esas interconexiones son los hilos que mantienen unidas las regiones.

Este modelo lo desarrolla para Yucatán y Guadalajara.

Tiene valor predictivo que se muestra en mercados muy reducidos para todo lo que no sea de alto valor y poco volúmen, en bajos niveles de exportaciones regionales para bienes agrícolas y en un generalizado nivel de intercambio entre regiones.

Hay un efecto iceberg: con una punta con un intercambio comercial más amplio y una masa enorme de bajo intercambio intrarregional.

Esto indica una integración horizontal o espacial débil, lo que ayuda a explicar las tendencias centrífugas coloniales y posteriores. Además, una articulación vertical baja con poca especialización del trabajo. Romper contra esto fue lo que ocurrió en la rebelión de 1810.

 

Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis

Justo Serna y Anaclet Pons, “En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis.” En: Contribuciones desde Coatepec, 4 (enero-junio, 2003): 35-56.

¿Qué es lo local?

En este texto nos proponemos reflexionar sobre el concepto y la práctica de historia local, abordando en particular algunas de las implicaciones que se derivan de su uso, para satisfacer de verdad un requisito deontológico: ser conscientes de los conceptos que utilizamos. Tratamos de evitar una racionalidad retrospectiva que violente a nuestros antepasados indefensos.

La escritura histórica también está “en su lugar”, en el lugar del pasado mismo y que es ontológicamente irrestituible.

En los términos del diccionario, porque, por local los académicos entienden lo perteneciente al lugar, lo propio y lo cercano, lo relativo a un territorio.

Cuando hablamos de nuestro entorno más cercano nos hallamos ante un primer elemento de discusión. No hay nada en esas palabras que imponga en principio el sentido de límite. ¿A quién se refiere el término “nuestro”? Es decir, el observador delimita ese entorno a partir de una colectividad con la que se identificaría, pero que es variable puesto que las pertenencias no son naturales ni inmediatamente evidentes.

De este modo, en principio, entorno designa una apropiación individual de lo que es exterior, pero que sea individual no excluye por supuesto que esa apropiación se produzca a través de recursos o prótesis que son colectivos. Es decir, las percepciones del mundo son individuales pero están fundadas en restricciones colectivas.

Para evitar el problema principal que la noción de entorno entraña —que el espacio dependa de una percepción psicológica— podríamos acogernos a otra solución, la de definirlo a partir de unas fronteras visibles y universales.

¿Hay otras fronteras, no propiamente físicas ni psicológicas, que nos permitan delimitar el espacio local? Aquí tropezamos otra vez con una barrera infranqueable: cuando aludimos a fronteras administrativas, lo local varía en función de si lo atribuimos al municipio, a la provincia o a la región. En este caso, puesto que no hay una sola, ni siquiera la barrera administrativa es un criterio universal que permita designar de común acuerdo. Por eso mismo, los historiadores podemos estar tentados de imponer categorías espaciales contemporáneas a nuestros antepasados indefensos.

Por tanto, lo local es una categoría flexible que puede hacer referencia a un barrio, una ciudad, una comunidad, una comarca, etcétera, categoría en la que lo importante —al menos para nosotros— es la conciencia de su artificialidad.

Relación historia y microhistoria

Entre los historiadores profesionales existe una relación ambivalente con las investigaciones de historia local. Esto es así porque, por un lado, nos remontarían a la prehistoria del propio oficio, aquel momento en el que su cultivo reflejaba un excesivo apego por la anécdota, por lo pintoresco, por lo periférico o por lo erudito. Justamente por eso, tales cautelas nos advierten del error en que podríamos incurrir, el del localismo. Ahora bien, hacer depender la historia local de la historia general como si aquélla fuera, en efecto, un reflejo de ésta no es un error menos grave que el anterior. El primer peligro es subrayado habitualmente, pero el segundo suele pasar inadvertido.

El localismo convierte los objetos en incomparables y los hace exclusivamente interesantes para los nativos. Frente a esto, deberíamos concebir la historia local como aquella investigación que interesara a quien, de entrada, no siente atracción ni interés algunos por el espacio local que delimita el objeto. Esta es, por otra parte, una lección que hemos aprendido de los antropólogos, puesto que ellos han debido tomar consciencia de que el objeto reducido que tratan debe ser estudiado de tal modo que pueda ser entendido por (y comparado con) otros.

Tal vez, una manera adecuada de entender y de intentar conjurar los riesgos que podemos correr en la historia local sea la de plantearnoslos como análogos a los de la biografía.

 ¿Acaso es igualmente significativo lo que ocurrió en una gran ciudad que lo que sucedió en una pequeña comunidad? ¿Acaso tuvieron los mismos efectos culturales y religiosos las ideas de Lutero que las de Menocchio? En ese sentido, la pregunta por la representatividad es la pregunta por los efectos, es decir, la demanda sobre las dimensiones colectivas de los procesos y de los acontecimientos. 

Ojalá que las historias locales pudieran concebirse de tal modo, de suerte que lo particular interesara a quien no tiene interés alguno, al menos de entrada, por la historia que se le cuenta. Ojalá que las historias locales pudieran tratar los hechos irrepetibles como condensación de las acciones humanas y de su significado.

Es ya clásico vincularla con la metáfora del microscopio, en la medida en que la lente permite agrandar realidades que de otro modo son invisibles o pasan inadvertidas y así su observación se hace más densa. Planteado en esos términos, si el microscopio es la metáfora de un procedimiento histórico, no parece en principio que sea discutible el procedimiento en sí. Es decir, al igual que los científicos obtienen resultados utilizando esa herramienta en un laboratorio, también los microhistoriadores podrían obtenerlos. Sin embargo, la analogía tiene sus límites. Ante todo, porque nosotros no realizamos experimentos ni tenemos laboratorio, pero además porque los microhistoriadores emplean esa herramienta de modo diverso.

Hace unos años pudimos constatar que había al menos dos modos distintos de entender la microhistoria. Uno de ellos, el más temprano en cuanto a su formulación, era el que representaba Edoardo Grendi; otro, el que se encarnaba sobre todo en la obra de Carlo Ginzburg. El primero tenía por objeto el análisis de las relaciones sociales en agregados de reducidas dimensiones; el segundo se proponía el estudio de las formas culturales y su condensación en sujetos o grupos. Grendi subrayaba la importancia del contexto, en este caso a la manera de Edward Palmer Thompson, es decir, como las coordenadas espacio-temporales que delimitan un hecho y que lo convierten en eslabón de una cadena de significados, un contexto cuyos límites son los de esos agregados de reducidas dimensiones. A lo sumo, pues, podríamos hablar de distintas prácticas microhistóricas.

Si antes decíamos que una de las metáforas habituales asociadas a esta corriente es la del microscopio, otra no menos frecuente es la de la escala.

Desde nuestro punto de vista, el discurso histórico está constituido por una representación, es decir, es una construcción verbal en prosa que representa algo que existió, algo desaparecido de lo que sólo quedan vestigios indirectos en las fuentes conservadas.

Ampliemos las consecuencias de la metáfora y apliquémosla al objeto que nos ocupa. En ese caso, si nos tomamos en serio lo anterior, si nos tomamos en serio aquello que no sabemos, deberemos sostener que nuestra tarea se enfrenta a límites semejantes a los del biógrafo o a los del marinero: no hay arte de pesca que arrastre todo y, más aún, allá en donde cae la red no se captura todo lo que existe. 

Después de controversias historiográficas inagotables, hemos llegado a la convicción simple pero firme de que aquello que los historiadores estudian es lo concreto a partir de lo empíricamente constatable: o, mejor, aquello que hacen es dotar de sentido a hechos del pasado a partir de las informaciones que consiguen reunir.

Desde esta perspectiva, la historia local es un ámbito óptimo para proponer explicaciones cabales de la acción humana. ¿Por qué razón? Porque todo enunciado deberá remitir a los microfundamentos de una acción real, emprendida por sujetos reales y no por las hipóstasis abstractas que constituyen los tipos medios de lo estadísticamente dominante.

Aunque la parte del océano que tratemos sea diversa, mayor o menor, todos estudiamos finalmente la misma realidad. Es decir, todos nos hacemos las mismas preguntas aunque lancemos redes diferentes para capturar su contenido.

Tal vez esta idea nos da una descripción del trabajo histórico que no es muy fiel, porque el historiador no captura, sino que representa

Relaciones de poder

Aunque Foucault parte de una noción de poder asociada a la dominación, lo sustantivo es la corrección que hace a su acepción represiva. Para los historiadores, lo atractivo de esa reformulación era que con ella el poder dejaba de ser sólo una cuestión de aparatos de Estado, de instituciones formales y, por tanto, incorporaba otras informales en las que, más alla de lo político, había algún ejercicio de dominación. 

A la postre, añadiría Foucault, planteada en términos de relación, la cuestión del poder supone un combate permanente, una guerra de posiciones y de movimientos diseminados en ese espacio social. De ahí precisamente que la metáfora reticular o molecular se ajuste bien a la microfísica del poder de la que hablaba este autor.

Desde esta perspectiva, las relaciones de poder pueden ser estudiadas en espacios diferentes (un gobierno, una empresa, una familia, etcétera) y siempre localmente. Ahora bien, a esta descripción foucaultiana se le ha reprochado el riesgo del relativismo.

Decir que el poder no es sólo político, que está en cada uno de nosotros y que puede observarse localmente sería una consolación para quienes intentaron cambiar las cosas mientras el Estado resistía obstinadamente.

¿De dónde toman, pues, los microhistoriadores sus ideas sobre las relaciones sociales? Además de los clásicos más o menos evidentes, entre ellos Marx, su referente más próximo es el de la antropología.

En el curso de esas interacciones, pues, los agentes emplean los medios de que disponen.

Un ejemplo clásico: La herencia inmaterial, de Giovanni Levi. Como se sabe, aquello que se estudia en este volumen es la actividad pública y privada de un exorcista piamontés del siglo XVII. A través de la vida y de los contemporáneos de Giovan Battista Chiesa, Levi reconstruye la sociedad campesina del Antiguo Régimen haciendo especial hincapié en las características de la comunidad rural. Aunque rinde tributo a los denominados Peasant Studies, centra su estudio en tres cuestiones clave: la racionalidad de las acciones humanas, el mercado y el fenómeno de la reciprocidad, y, finalmente, la definición del poder local, sus estrategias y sus cursos de actividad.

La capacidad de alguien para obligar a hacer a otro lo que no desea deriva evidentemente de la posición que se ocupe en la estructura social; deriva también de los recursos personales y familiares, así como de las dependencias clientelares, que no están necesariamente en conexión con el poder feudal. Lo interesante de este libro no son los referentes en los que se basa, sean o no coherentes, sino que su atractivo radica en cómo un caso particular nos informa de los modos de vida y de relación que los campesinos tenían. ¿Son esos campesinos piamonteses semejantes a los de otras comunidades locales? El principio rector que guía a Levi, y por extensión a Ginzburg, en la respuesta a esta pregunta es el que le proporciona Wittgenstein: como sostuviera Levi en la introducción al número de Quaderni Storici dedicado a los “Villagi”, el parentesco de estos campesinos con otros, distantes geográfica o temporalmente, es aquél que les viene de las semejanzas de familia. Dar con ellas es acercarse cada vez más a comprender de qué modo lo universal se expresa en lo local.

En todo caso, siguiendo a Edoardo Gredi en Paradossi della storia contemporanea, las relaciones de poder podrían ser concebidas como un nexo complejo constituido por sentimientos de identidad colectiva, símbolos de prestigio, alianzas familiares y grupos formales e informales de gestión y control de los recursos de una comunidad. De esta manera, como hemos visto, tal concepción se asemeja más al modelo etnológico característico de la antropología de las sociedades complejas que al concepto literal que empleara Foucault.

En efecto, quizá lo más sobresaliente sea eso precisamente: formular preguntas generales a objetos reducidos y formularlas de tal modo que esos objetos menudos, lejanos y extraños cobren una dimensión universal, sin dejar de ser a la vez irrepetibles y locales. A la postre, lo que importa es que esos autores han convertido en interesante algo que en principio no nos interesaba, algo que parecía totalmente ajeno a nuestros intereses.